En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Defensoría del Pueblo encendió las alarmas con un panorama devastador sobre las violencias que enfrentan mujeres y personas LGBTIQ+ en Colombia. La defensora Iris Marín calificó la situación como “urgente y estructural” e hizo un llamado contundente al Estado y a la ciudadanía para actuar con decisión.
Marín advirtió que Colombia atraviesa un escenario crítico: “Ser una persona con orientación sexual e identidad de género no hegemónica continúa siendo letal”, señaló. Según la entidad, los indicadores muestran no solo la persistencia, sino el incremento de estas violencias.
Las cifras son escalofriantes. Cada hora, cuatro mujeres son víctimas de violencia de pareja. Entre 2021 y 2024, el país registró en promedio 35.000 mujeres agredidas al año, lo que equivale a 96 casos diarios. La violencia intrafamiliar refleja la misma gravedad: entre el 70% y el 77% de las víctimas son mujeres, y cada hora 12 de ellas son agredidas dentro de su propio hogar, espacios que deberían ser seguros.
La situación no es menos alarmante para la población LGBTIQ+. La Defensoría reportó más de 600 casos recientes en los que la violencia familiar se utilizó como mecanismo de “corrección” o castigo por la identidad u orientación sexual. Estas prácticas, aún normalizadas en muchos hogares, afectan especialmente a jóvenes y adolescentes.
Pero la cifra más estremecedora recae sobre la violencia sexual: cada día 54 mujeres son víctimas de agresiones sexuales, y la mitad son niñas o adolescentes. Para la entidad, esta realidad refleja no solo una crisis de protección, sino un grave incumplimiento institucional frente a la prevención y atención.
Los riesgos se intensifican en territorios empobrecidos y con baja presencia estatal. Allí, fenómenos como la trata de personas —cuyas víctimas se duplicaron— y la desaparición de mujeres —una de cada tres personas desaparecidas es mujer, en su mayoría niñas— muestran un deterioro profundo en las condiciones de seguridad.
A esta crisis se suma un dato que agrava la desprotección: más del 90% de los delitos de violencia contra las mujeres siguen en la impunidad. Marín denunció retrocesos institucionales en el acceso a la justicia e insistió en fortalecer una defensa pública especializada.
La Defensoría reiteró que enfrentar estas violencias requiere un compromiso real del Estado y de toda la sociedad: un esfuerzo colectivo para transformar un país que, aunque herido por las violencias extremas, aún tiene la posibilidad de cambiar con voluntad política y vigilancia ciudadana.
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